Los jubilados no buscamos el gobierno.

Sólo queremos el respeto merecido.

Como partido político de implantación nacional, Jubilados Decisivos tratará de lograr la suficiente fuerza parlamentaria, tanto en las Cámaras Legislativas como en la Unión Europea y los Ayuntamientos, para poder negociar decisiones que mejoren la sociedad en los aspectos que vemos necesarios, pero como proyecto sensato y serio, sabemos que no es realista plantearse conseguir el Gobierno, que además no es algo necesario para nuestros fines, por lo que tampoco creemos conveniente participar en los que formen otros.

Si contamos con votos suficientes, lograremos Grupos Parlamentarios potentes. Con ellos, y actuando mediante negociación, será posible en un plazo razonable, ir consiguiendo nuestras metas sociales que, como no tenemos ambiciones políticas, es el auténtico motor que nos mueve.

Con este objetivo, sin discriminar por su color a los partidos que puedan llegar a encabezar el Poder Ejecutivo, avalaremos sus iniciativas siempre que no distorsionen demasiado lo que según nuestro criterio es puro sentido común.

Seguidamente, definimos las posiciones de Jubilados Decisivos en los diversos campos:

Unión Europea:

  • Apoyo total a la idea de una Europa Unida, aunque manifestando absoluto desacuerdo con la actualmente excesiva burocracia, la ineficacia en temas que a veces causan auténticas tragedias, la abrumadora injerencia en asuntos que deben ser propios de cada estado, y el desaforado y nunca justificado coste económico que ha devenido en una excesiva presión fiscal.
  • Jubilados Decisivos manifiesta su solidaridad con los desfavorecidos, ya sea por causas políticas, sociales o económicas, y promoveremos la concesión de ayudas que serán prestadas en los diferentes países a beneficiar, aunque debidamente controladas para evitar fraudulentos enriquecimientos indeseados.
  • Apoyaremos dar facilidades a la inmigración legal tan necesaria para todos, pero admitiendo la evidencia, avalada por la historia, de que la solución a los problemas actuales será lenta, progresiva, y solo se conseguirá si existe colaboración honesta entre los países avanzados y los que están en proceso de desarrollo. Y dado que no podemos solucionar todo solo con buena voluntad, para dificultar acciones ilegales e incluso delictivas, pedimos un control eficaz de las fronteras periféricas europeas.

Ámbito territorial de España:

  • Respetando el Texto Constitucional, el territorio del Estado Español está constituido por una unidad indivisible que actualmente ocupa toda la Península Ibérica con las excepciones de Portugal, Andorra y el Peñón de Gibraltar, pero a la que se añade el Archipiélago Balear, el Archipiélago Canario, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las pequeñas islas que nos rodean, tanto en el Mar Cantábrico, como en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, así como las aguas territoriales reconocidas por los diversos organismos internacionales.

Organización política del Estado Español:

 

  • Aunque pensamos que hay formas de gobierno mejores, podemos apoyar la descentralización administrativa de las diecisiete autonomías, pero manifestamos nuestro desacuerdo con muchas actuaciones de los Parlamentos Regionales, al dictar leyes menores que llevan al conflicto de unos territorios con otros, a veces contraviniendo lo emanado del Parlamento Nacional e incluso de la Constitución.
  • Avalaremos recuperar la centralización para el Estado Español de las políticas de Educación, Sanidad y Hacienda, así como las varias que inciden en la Organización Empresarial y Comercial, dado que las diversas normativas regionales actúan negativamente, tanto en la instauración, como en la organización interna de las empresas que crean riqueza y empleo operando en varios territorios.
  • La riqueza natural que se produce en España es patrimonio de todos los españoles. Por tanto, no debemos entrar en artificiales y demenciales ofensas territoriales por la utilización, tanto de las infraestructuras como de otros bienes que deben ser comunes, sino aunar esfuerzos para conseguir resultados solidarios con los que todos saldremos beneficiados.

Educación:

  • Declaramos un profundo respeto a la riqueza que suponen las diversas lenguas vernáculas, que deben poder ser estudiadas en sus territorios de origen, donde avalaremos que su grado de conocimiento aumente la evaluación académica de los alumnos, sin embargo, por respeto al mandato constitucional, ello nunca supondrá una discriminación del idioma actualmente conocido como Lengua Española, que será obligatorio impartirlo en todo el territorio del Estado.
  • Salvo los relacionados con las diversas gramáticas, que recogerán lo necesario para el estudio de las lenguas vernáculas, los libros del resto de asignaturas tendrán obligatoriamente el mismo texto para todo el Estado Español.
  • El alumno de un estado que se declara constitucionalmente como aconfesional, debe estar libre de la obligación de asimilar ningún tipo de religión. Sin embargo, para aumentar su grado de conocimiento de algo tan importante en el devenir de la humanidad, a partir de una determinada edad debemos instaurar una asignatura evaluable que podría llamarse Historia de las Religiones, cuya superación aumentaría también la valoración académica del estudiante.

Sanidad:

  • Con la organización de este ministerio centralizada en lo esencial, estamos convencidos que, con la misma e incluso superior eficacia, se producirá un gran ahorro económico que podrá dedicarse a otros menesteres.
  • Gracias a la correspondiente adecuación electrónica, fácil de llevar a la práctica, el Documento Nacional de Identidad debe portar los datos sanitarios del ciudadano y sustituir a la Tarjeta Sanitaria actual, con un sistema informático estandarizado para todo el Estado.
  • Dado que en la actualidad se dispone de medios informáticos para controlar un indeseado despilfarro, es necesario eliminar el mal llamado “copago” que en la práctica se traduce en pagar dos veces por lo mismo, lo que provoca serias dificultades a muchísimas personas de débil economía, pero necesitadas de tratamiento continuado por enfermedades crónicas.

Justicia:

  • Por respeto a los tres poderes independientes, opinamos que el Ministerio de Justicia no debería existir, pues jueces y fiscales deben tener sus órganos de elección, gobierno y control de forma autónoma, no contaminada por las injerencias políticas de turno.
  • Como reza en la Constitución, todos los españoles, por nuestra prerrogativa de ciudadanos libres, somos iguales ante la Ley y no debemos sufrir discriminación por género, raza, edad, o posición religiosa y/o social. La presunción de inocencia debe ser absolutamente inviolable mientras no se demuestre legalmente la culpabilidad.

Economía:

  • Además de la independencia real de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, desde Jubilados Decisivos apoyaríamos la creación de un cuarto poder:

El Consejo Nacional de Economía y Hacienda.

Este organismo, absolutamente independiente y que daría cuenta solo al Parlamento, sería el encargado de fijar los impuestos, así como elaborar cada año con la antelación debida los Presupuestos del Estado, en función de la recaudación y la capacidad de endeudamiento, pero nunca al revés.

El Consejo Nacional de Economía y Hacienda marcaría con precisión al Ejecutivo el insuperable techo de gasto, que bajo ningún concepto podrá aumentar contrayendo deuda, además de exigir a sus miembros, tanto explicación detallada del ejercicio anual a afrontar, como responsabilidad personal de sus miembros por la actividad realizada en el ejercicio anterior.